Cierre Masivo de Webs de Descarga...Ley Sinde

La aprobaron en Sevilla el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que lleva aparejada la polémica normativa conocida como “Ley Sinde” y que pretende cerrar páginas que infrinjan derechos de propiedad intelectual según el criterio de una comisión administrativa que dependería del Ministerio de Cultura y donde los jueces tendrían poco que hacer para defender los derechos de los ciudadanos. Analizamos en profundidad el contenido de esta ley y las consecuencias que puede tener para la sociedad de la información.

“Dentro de 5 años, cuando se recuerde a la Sinde, sus vecinos dirán: pero si parecía una buena chica, siempre saludaba”. Así de magistral resume David Bravo la esencia de este polémico personaje en que se ha convertido la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde Ruig. En su vida anterior ejerció de directora y guionista de cine pero a sus 45 primaveras, la ministra más odiada de los 17 que componen el gobierno, ha conseguido que sea aprobada su propuesta, incluida de tapadillo en una ley más general llamada “Ley de Economía Sostenible”. Aún debe pasar el trámite parlamentario y queda hueco para modificaciones posteriores, pero si todo acontece como se espera, a finales de Junio entrará en vigor una de las leyes más controvertidas de los últimos años. Aquella que ha invertido la carga de la prueba y ha anulado al poder judicial de un solo plumazo.

Hasta ahora, el procedimiento para perseguir los delitos relacionados con la propiedad intelectual consistía en denunciar una página al juzgado y esperar a que el magistrado emitiera una sentencia condenatoria ajustada a derecho. Esto representa lo habitual y deseable en cualquier estado de derecho regido por el imperio de la ley. Sin embargo, los jueces han sentenciado muchas veces que las webs de enlaces no son ilegales y que no vulneran ningún mandamiento legal referido a los derechos de autor. Sus enlaces son meros datos que indican donde encontrar una obra pero ellos mismos no la contienen ni suponen difusión pública de dicha obra. Tras unos 40 casos de denuncias fallidas por parte de las asociaciones pro-derechos de autor, y viendo que el poder judicial da la razón a los internautas, decidieron presionar al gobierno para sortear a los jueces y diseñar una nueva estrategia que les permita cerrar páginas a su libre albedrío sin contar más que con su propia decisión arbitraria. Básicamente se trata de eliminar al árbitro del partido porque no gusta como pita y colocar otro que sea afín a los intereses de una parte, en este caso la industria cultural.